Un ex empleado destapó la fuga de información en Andalucía y Extremadura

El caso de la filtración de datos de pacientes a una farmacéutica se traslada a Barcelona

La Fiscalía ha decidido remitir la investigación a la ciudad donde tiene su sede en España la compañía alemana Boehringer

Alerta sobre tratamiento de diabéticos.
Alerta sobre tratamiento de diabéticos.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha remitido a la Fiscalía Provincial de Barcelona la investigación sobre la extracción de datos de salud por parte de la farmacéutica Boheringer Ingelheim, cuya sede se encuentra en la Ciudad Condal.

El motivo del traslado, según el órgano andaluz, a cuyo auto ha tenido acceso El Confidencial Digital, es que en Barcelona es donde tiene su domicilio la entidad denunciada y que ninguna persona con residencia en Andalucía o Extremadura aparece en la denuncia presentada por El Defensor del Paciente.

Los datos extraídos, presuntamente de forma ilícita, se correspondían a correos de los servicios de salud, nombres de pacientes y funcionarios e información confidencial de gestión sanitaria, propiedad de las Comunidades de Andalucía y Extremadura.

Ahora será la Fiscalía Provincial de Barcelona la encargada de investigar los hechos y depurar las posibles responsabilidades penales por una presunta violación de la Ley de Protección de Datos.

Alerta sobre tratamiento de diabéticos

Como ya informó El Confidencial Digital, la empresa podría haber utilizado esta información para ejercer presiones contrarias a los criterios de eficiencia y gestión clínica de los profesionales sanitarios, con el objetivo de interferir en las políticas sanitarias.

Según fuentes de la investigación, la farmacéutica Boheringer Ingelheim trató de influir, mediante su departamento de Relaciones Institucionales, sobre una alerta de la FDA americana (Foods and Drugs Administration) ante el riesgo de cetoacidosis diabética derivado del tratamiento con uno de los productos de la firma alemana: la Linagliptina.

En dicha alerta, remitida también por la Agencia Europea de Medicamentos, se instaba a revisar los tratamientos con fármacos SGLT2 (dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina)  y evaluar si se relacionan con un incremento de la enfermedad en pacientes con diabetes de tipo 2.

Este tipo de diabetes es la más común (representa al 90% de los diabéticos), y la cetoacidosis puede provocar al enfermo dificultades para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, confusión y fatiga inusual o somnolencia, llevando incluso algunos casos hasta la muerte.

Es por eso que desde la Sanidad Andaluza se remitió a los centros de salud un listado por médico de todos los enfermos de diabetes que estaban siendo tratados con alguno de estos medicamentos, para que se les hiciera un seguimiento específico.

Labor de lobby

Esta información llegó a manos de Boehringer Ingelheim que, mediante correos internos, habría apuntado a ejercer una labor de lobby por una supuesta “discriminación y un agravio comparativo” con respecto a otros productos de la competencia.

 

En dichos correos se hablaba de “amenaza” a la Linagliptina y se hacía alusión a que el seguimiento de los pacientes que apuntaba la alerta sanitaria podía ser “sumamente perjudicial para el correcto posicionamiento de Jardiance”, otro medicamento de la empresa para tratar la diabetes de tipo 2.

También se obtuvo un documento (ver foto) en el que aparecen cuatro nombres de pacientes con sus respectivos datos, a los que se había ordenado realizar el seguimiento. Dicho documento fue compartido a nivel interno por la farmacéutica alemana.

No obstante, la alerta afectaba no solo a dichos medicamentos, sino a tres principios activos que contenían también otros productos de otras marcas, tal y como se apuntó desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

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