Un trabajador de Boehringer alertó a la farmacéutica de que estaba recibiendo información confidencial de pacientes andaluces y extremeños

Tal y como publicó El Confidencial Digital el pasado lunes 10 de abril, la Fiscalía ha abierto una investigación por filtraciones a la farmacéutica Boehringer Ingelheim de datos de pacientes y más de 250 funcionarios públicos de Salud en Andalucía y Extremadura.

La denuncia, interpuesta por el Defensor del Paciente, explica que la farmacéutica habría recibido desde fotos de recetas y visados médicos, hasta pantallazos de los sistemas informáticos de gestión sanitaria, correos privados y documentos internos y confidenciales sobre gestión clínica.

Toda esta información serviría para ejercer presiones contrarias a los criterios de eficiencia y gestión clínica de los profesionales sanitarios. Así, se podría interferir en las políticas sanitarias sobre el uso de medicamentos, eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario, autorización de visados de inspección médica y hasta en el resultado de algunas subastas de fármacos.

Todo tiene su origen el 14 de diciembre de 2015, cuando un trabajador de la farmacéutica envió un correo al Departamento Legal y al de Recursos Humanos en el que especificaba que estaba recibiendo dicha información confidencial en su desempeño como responsable de Relaciones Institucionales.

En ese escrito describía una serie de correos en los que se reflejaban “informes muy delicados y comunicaciones internas de las Administraciones Sanitarias Públicas, recetas y visados de pacientes” que, según el trabajador, “en ningún caso” debían haber sido recabados ni utilizados por la organización.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran a El Confidencial Digital que dichos correos llegaban además a un importante número de trabajadores entre los que se incluían “directivos de segundo y tercer nivel de la empresa”. Es decir, gestores nacionales, situados en el escalafón inmediatamente inferior al director general (primer nivel) y directores regionales.

Al no obtener respuesta sobre su denuncia interna, el trabajador decidió elevar su queja a instancias superiores. Por eso, seis meses después del primer correo, el trabajador trasladó los hechos a la Dirección Mundial de Boehringer Ingelheim en Alemania. Se puso en contacto con el consejero delegado Christian Boehringer. La empresa contestó con un escueto comunicado: le hacían saber que dicho asunto debía resolverse en España.

Paralelamente, la compañía le pidió que esclareciera si efectivamente se habían producido acciones de naturaleza improcedente presentando las pruebas pertinentes en base al cumplimiento de la normativa interna. El empleado se negó aludiendo a la Ley de Protección de Datos y a su derecho a no colaborar con quien presuntamente está cometiendo dichas irregularidades.

Conflicto judicial

Es entonces, según ha podido confirmar ECD, cuando el trabajador interpuso una demanda contra la farmacéutica por vía de lo Social. Exigió la extinción de su contrato “como legítima conducta al factor desencadenante laboral” que le habría provocado “problemas de ansiedad postraumática y cuadros de amnesia”.

Tiempo después, la empresa le abrió un expediente que acabó en una suspensión de empleo y sueldo de 45 días por “falta de colaboración y desobediencia”. El trabajador respondió con una nueva demanda.

En el transcurso de ambos juicios, el empleado facilitó al Ministerio Fiscal todas las pruebas sobre los hechos denunciados. Ahora, el próximo 2 de mayo tiene pendiente un tercer juicio contra la empresa por una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, al ver reducido su sueldo en 24.000 euros.

Versión de Boehringer Ingelheim

Ante la información publicada por El Confidencial Digital, un portavoz de la empresa aseguró inicialmente que a la compañía no le constaba que dicha investigación se estuviera llevando a cabo y añadió que desconocía los hechos denunciados.

Además la empresa farmacéutica explicó que tiene “claramente especificadas y desarrolladas tres normativas sobre protección de datos de carácter personal, dos sobre seguridad de ficheros automatizados y no automatizados, formación a todos los empleados, otra formación concreta a roles involucrados en los procesos de control, y finalmente auditorias bienales en materia de LOPD realizadas por externos (la última tuvo lugar en 2016)”.

No obstante, tras una noticia sobre esta filtración publicada por el diario ABC en Andalucía, el mismo portavoz asegura ahora que “han atado cabos”. Entienden que “hay una persona disgustada con la compañía y que, a resultas de ello, está intentando perjudicarla”.

La empresa explica que el origen del comportamiento de dicho trabajador es el conflicto laboral que mantiene con la empresa, y por el que se han celebrado ya dos juicios.

Todo empieza, según la farmacéutica, por una oferta de “jubilación parcial con el ex empleado, con un complemento abonado por la empresa que representaba aproximadamente un 85% de su salario fijo”.

Dicho acuerdo fue rechazado por el trabajador. Posteriormente “se cogió la baja por incapacidad permanente”. A raíz de ahí surgió una nueva negociación en la que el empleado amenazó con “realizar una serie de revelaciones que, en su opinión, perjudicarían a la empresa”.

La tesis del portavoz de Boehringer es que, como finalmente no se alcanzó ningún acuerdo, se puso en marcha todo el proceso judicial en el que ahora se encuentran inmersos tanto el trabajador como la compañía.