Tribuna libre

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Primero de octubre

Hay que confiar en que el Estado no llegue tarde el 1 de octubre a Cataluña. De momento, ha salido con un cierto desfase.

Las esperas son peligrosas. Cuando alguien llega tarde a una cita corre el peligro de que el citado ya no esté. El que está esperando también afronta el riesgo del plantón y si se va harto de mirar el reloj, siempre pensará que ha tenido poco aguante en la espera.

El problema del proceso independentista catalán es que, quienes defienden la separación de Cataluña del resto de España, se han metido en un callejón sin salida pero, para neutralizarlos, hay que meterse en ese mismo callejón y el Gobierno de Rajoy, a estas alturas, se está quedando cada vez con menos alternativas.

Hay que confiar en que el Estado no llegue tarde el 1 de octubre a Cataluña. De momento, ha salido con un cierto desfase.

Bien está la legalidad y además es la única medicina a aplicar, pero el paso del tiempo está reduciendo esa legalidad a muy pocas posibilidades que no pasen por medidas drásticas.

Quienes siempre han defendido la espera para ‘no hacer mártires’, pueden encontrarse con la realidad de que ya, la aplicación de la ley solamente va por ese camino.

Aplicar la ley nunca es agradable sobre todo para el que siente su peso y, en este caso, es innegable que las continuas provocaciones, muchas de ellas sin respuesta, han ido siempre en la dirección del victimismo.

Cuando una autonomía proclama una ley y afirma que es la ley suprema por encima de cualquier otra, incluida la Constitución, está invitando al Gobierno a entrar en el callejón.

Lo quiera o no Mariano Rajoy, el tiempo se acaba. Octubre está a la vuelta de la esquina y cada día que pasa las opciones legales, únicas que debe de manejar un Gobierno, son cada vez menos.

La táctica de las advertencias, a empresarios, funcionarios, alcaldes, agentes de la autoridad e incluso la división patente entre los independentistas, también se está quedando sin tiempo; aparte, sus resultados para la consecución del objetivo de parar el proceso, han sido escasos.

Y la realidad es que hemos pasado de un problema de flagrante ilegalidad a un problema que requiere, según dicen algunos, una ‘solución política’.

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