Primera cesión de Rajoy al PSOE: han pactado un nuevo bono social para la luz
Beneficia a un millón y medio de hogares, que verán reducido un 25% el recibo eléctrico. El PP no lo incluía en su programa electoral
Rebajas en el recibo de la luz para un millón y medio de hogares con ingresos inferiores a los 300 euros al mes. Es el primer gran acuerdo social que tiene prácticamente cerrado Rajoy con el PSOE para esta legislatura. Las grandes compañías eléctricas también participan en esta reforma del bono social para rentas mínimas.
Los dos principales partidos están dispuestos a dar un paso más en la protección social de los más desfavorecidos. Un movimiento que se interpreta como una cesión del nuevo Gobierno, que permitirá a los socialistas vender ese logro ante las clases medias y trabajadoras, en respuesta también a Podemos, que afirma que “el PSOE las ha olvidado”.
Según ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, Industria ultima ya esa nueva normativa que refuerce la cobertura del bono social como medida estrella, garantizando que tengan acceso a ese privilegio todos los consumidores en situación de vulnerabilidad.
Hasta este momento, el PP solo se había comprometido en su programa electoral para el 26-J a una congelación de la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, y a continuar garantizando que no se volverán a generar déficits en el sector energético.
Ahora está dispuesto a ir un paso más allá, en consenso con PSOE y Ciudadanos, aunque obligado también por el último varapalo del Supremo al actual bono social.
Descuentos en la luz vinculados a la renta
Según las fuentes consultadas, el Gobierno trabaja en un rediseño profundo del actual bono social de la tarifa eléctrica que, más allá de cómo se financie, esté ligado a los niveles de renta de los hogares españoles.
Modificará los criterios para que determinados colectivos se puedan acoger a un descuento del 25% en el recibo de la luz.
De esta manera, defienden en el PP, se busca que “beneficie a los usuarios que de verdad lo necesitan”, y no a otros que, aunque cumplan los requisitos legales, “podrían no ser realmente familias en situación de pobreza o vulnerabilidad energética”.
Excluir de la rebaja a familias numerosas
El pacto alcanzado entre el Gobierno y el PSOE plantea, por ejemplo, excluir de este grupo a las familias numerosas -todas se benefician, independientemente de sus ingresos- o las segundas residencias.
La actual normativa recoge que tienen derecho a un descuento en la tarifa los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes cobran la pensión mínima.
En cuanto a los hogares que estarían acogidos al bono social teniendo rentas altas, en el sector se estima que ascienden a medio millón. Lógicamente, muchas familias numerosas, pero también usuarios con menos de 3 kW de potencia y pensionistas con otras rentas.
Afecta a 1,5 millones de hogares en España
Por ello, explican, la nueva normativa fija límites de renta a las familias numerosas y los contratos con menos de 3 kW de potencia contratada, que actualmente suponen el 75% de los usuarios que se benefician del bono social.
Con estos límites por renta, establecidos en unos ingresos mensuales inferiores a los 300 euros, los beneficiados pasan de 2,4 a 1,5 millones de familias.
En este momento, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), sólo 70.000 familias con todos sus miembros en paro acceden al descuento del bono social, frente al 1.438.000 de hogares que, según el INE, se encuentran en esa situación.
Las eléctricas, dispuestas a respaldar el acuerdo
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que esta reforma también esta negociada con las eléctricas. Uno de los escollos que se ha encontrado en las conversaciones es clarificar quién asume la financiación de la medida.
Las compañías plantean la creación de un fondo para costear el 100% de la factura a los usuarios en verdadera situación de pobreza, además de otra partida que garantice el suministro a los usuarios que no puedan pagar y que sean identificados por los servicios sociales de los ayuntamientos.
Según los cálculos de las eléctricas, el coste se recortaría, de los 188 millones de euros anuales del actual modelo, que pagan íntegramente las empresas, a 150 millones, que están dispuestas a compartir ahora con el Estado y, por tanto, con el resto de los consumidores si el Gobierno decide trasladarlo a los clientes en la factura.
