Quiere ajustar cuentas con algunos despachos por el trato a Bankia

El Gobierno se alía con los bancos para dar la estocada final a los bufetes mediáticos con las cláusulas suelo

El decreto establecerá que las entidades no asuman las costas de los abogados del cliente cuando acrediten que le han ofrecido un acuerdo razonable

Clientes en una sucursal bancaria.
Clientes en una sucursal bancaria.

El Gobierno ha decidido aplazar una semana más el real decreto ley que articula un sistema extrajudicial para devolver el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. Una normativa que, en algunos de sus postulados, busca ajustar cuentas con algunos de los llamados despachos mediáticos por el trato dispensado a la nacionalizada Bankia.


Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el objetivo no es solo evitar un largo y costoso proceso judicial a los más de dos millones de afectados. Es el argumento principal que han aportado, oficialmente, los ministros de Economía y Justicia para justificar la actuación del Gobierno en este asunto.

El decreto persigue también afear la conducta de los despachos de abogados que han encontrado en las reclamaciones a las entidades financieras una vía de negocio, colocando especialmente en el disparadero a la nacionalizada Bankia.

Así las cosas, uno de los objetivos que esconde la normativa será desincentivar las demandas generalizadas de los despachos surgidos al calor de las preferentes, la salida a Bolsa de Bankia y los productos abusivos. En definitiva, va a tratar de desmontar el sistema de los bufetes que hacen negocio a base de las costas de los bancos.

Los bancos no deberán pagar las costas del proceso

Para ello, según las fuentes conocedoras del decreto, la norma establecerá que el banco no pague a los abogados del cliente cuando antes le haya ofrecido un acuerdo. Se fijará que no habrá costas para la entidad si el cliente rechaza el acuerdo bancario y posteriormente, en vía judicial, recibe lo mismo o menos que se le proponía.

Las costas suponen importantes sumas de dinero. En algunos de los casos donde los bancos han sido finalmente condenados, han tenido que pagar unos 4.000 euros por el juicio donde se declara nula la cláusula suelo, y otros 600 euros aproximadamente por la ejecución de sentencia.

En caso de allanamiento no procede la imposición de costas si no ha habido reclamación previa extrajudicial. Pero si la ha habido proceden las costas.

Esta cuestión se encuentra recogida ya en la Ley de Enjuiciamiento Civil con carácter general. Pero ahora el Ejecutivo trata de reforzarlo en este decreto para este asunto concreto, aunque será justificado con el argumento de que afectado y banco alcancen un acuerdo extrajudicial para que les resulte más barato a ambas partes.

El FROB ya les dio un primer aviso a través de Bankia

El FROB resolvió ya el año pasado uno de los grandes quebraderos de cabeza que tenía, al anunciar una solución para todos los inversores minoristas de Bankia.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, pero controlada por el Estado, devolvió el dinero a los pequeños inversores que compraron acciones en la salida a Bolsa de la entidad, en 2011. El banco nacionalizado esquivaba así la vía judicial y devolvía íntegramente el capital perdido con un 1% de interés anual a 200.000 accionistas.

 

También trató de evitar la avalancha de procesos judiciales -cuya factura potencial en gastos judiciales ascendía a 800 millones, según un informe de la entidad- y a la que se enfrentaba después de que los jueces dieran la razón a dos particulares y remarcaran las “inexactitudes” en el folleto de salida a Bolsa.

Bankia fastidió así también el negocio de los abogados mediáticos y decidió cortar por lo sano y zanjar de un plumazo el reguero de demandas judiciales interpuestas, y devolver todo lo invertido, más intereses, a los pequeños accionistas.

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