Defensa

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Seis años sin poder ascender por unos SMS vejatorios cuya autoría está bajo sospecha

Un teniente de Intendencia de la Armada fue condenado en 2011 por abuso de autoridad a un soldado, en 2015 el Supremo anuló la condena y lleva dos años esperando a que se repita el juicio

La Sala Militar del Tribunal Supremo acordó repetir el juicio a un teniente de Intendencia de la Armada que fue condenado por haber enviado, supuestamente, mensajes de contenido sexual a un soldado. La prueba en la que se basó la sentencia eran unos SMS presuntamente enviados por el teniente, que según un análisis pericial pudieron ser manipulados. El nuevo juicio, sin embargo, lleva dos años estancado. Mientras dure el proceso, la Armada no le permite ascender.

Desfile de Infantería de Marina.
Desfile de Infantería de Marina.

El sumario seguido contra un teniente de Intendencia de la Armada se inició en septiembre de 2011, como consecuencia de las denuncias presentadas por dos soldados bajo su mando.  

Hasta ese momento, el militar había ocupado un puesto relevante como secretario de varios Directores de Asuntos Económicos de la Armada (DAE), una de las principales autoridades de la Institución militar, con despacho en el propio Cuartel General de la Armada.

El teniente fue absuelto por una de las denuncias y  condenado por otra en base a la declaración de la propia víctima y de unos mensajes de texto enviados, cuyo contenido amenazante, sexual y vejatorio le habría enviado el militar acusado.

La acusación entregó al Juzgado Militar una copia, por escrito, de esos mensajes. Sin embargo no se realizó prueba pericial alguna que confirmase la autenticidad de estos SMS, pese a contar el juzgado con el propio teléfono en las actuaciones.

Según ha sabido ECD de fuentes de la Justicia militar relacionadas con el proceso, la defensa del acusado recurrió la condena alegando que no se habían cotejado los mensajes.

El caso llega al Supremo

El oficial acusado de la comisión de dos delitos de abuso de autoridad fue absuelto en marzo de 2015 del más grave, calificado por la Fiscalía como continuado; y condenado por el otro a una pena de prisión militar de un año y diez meses.

El Tribunal Supremo afirmó en su sentencia de 2015 que nada impedía al Tribunal Militar comprobar si los mensajes entregados en papel por el denunciante coincidían con los que se conservaban en el teléfono móvil y contrastar así su autenticidad, por lo que la condena impuesta vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del Oficial.

Además, un informe pericial informático advierte de la probable manipulación por la víctima de los mensajes de texto entregados, según demuestran ciertas evidencias de naturaleza técnica que se observan en los mensajes.  

En el procedimiento también consta un segundo informe de carácter psiquiátrico, elaborado por un prestigioso y conocido perito forense, que tras analizar a la víctima y las pruebas aportadas, asegura que el soldado simuló un ataque de ansiedad, negando su credibilidad testimonial

En concreto, el informe pericial revela la grabación de una conversación telefónica mantenida entre el soldado denunciante y otro miembro del equipo del DAE poco tiempo después de que la víctima abandonara el servicio de urgencias de un hospital madrileño tras sufrir un severo ataque de ansiedad y pánico, en la que se escucha al soldado reírse y hacer bromas, así como animar a la otra persona a sustraer una documentación del despacho oficial del Teniente para entregársela posteriormente al soldado denunciante.

El juicio no llega

Ateniendo a estas circunstancias, La Sala Quinta del Tribunal Supremo anuló la sentencia condenatoria impuesta al Teniente, acordando la práctica de una prueba pericial para autenticar los mensajes de texto y la repetición del Juicio Oral.

Sin embargo, seis años después del inicio del procedimiento, y dos después de que el Supremo admitiese las irregularidades encontradas en el proceso, aún no se han practicado las pruebas periciales informáticas acordadas por el Supremo. El juicio sigue pendiente.

El Confidencial Digital ha intentado obtener la versión oficial de la defensa del teniente acusado, que  ha  declinado realizar ninguna declaración para no interferir con el proceso.

Fuentes de la justicia militar admiten a ECD que existe cierto “malestar” en la Armada respecto a este caso y la extraña lentitud en el desarrollo del proceso. Aseguran que la duración media de un sumario militar ronda los dos años, por lo que la tardanza en resolver estos hechos resulta del todo “ injustificada y excesiva”.

Con las denuncias y sin recaer la sentencia, la Armada procedió a cesar en su destino al oficial, suspendiéndole en funciones durante seis meses y dejándole sin destino durante varios años.

Según aseguran fuentes de la Armada, esta situación –estar encausado por un delito tan grave de abuso de autoridad- ha provocado que el teniente no haya podido optar a ascensos en los años en los que lleva de desarrollo la causa pese a contar con un pronunciamiento absolutorio a su favor y la anulación de la condena.

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