Rocambolesca denuncia contra Sánchez y sus ministros por el “asesinato de Putin”

“La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. La redacción del artículo 102.1 de la Constitución Española de 1978 provoca que, cuando a un ciudadano se le pasa por la cabeza interponer una denuncia contra el presidente del Gobierno, tenga que acudir al Supremo.

Lo mismo pasa cuando quiere actuar contra ministros, diputados, senadores, el fiscal general del Estado y otras autoridades.

El resultado es que a la Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, llegan algunos escritos de lo más rocambolesco, que tratan de implicar a representantes políticos e institucionales en supuestas tramas oscuras.

Un ejemplo. El Chivato ha podido comprobar que el pasado 20 de noviembre un particular presentó en el Registro General del Tribunal Supremo dos escritos, de interposición de denuncia y ampliación de la misma, contra Pedro Sánchez, por la presunta comisión delitos de malversación y estafa.

La Sala de lo Penal incoó causa especial y dio traslado del asunto a la Fiscalía, que propuso declarar la competencia de la sala para conocer esa denuncia, y a continuación “inadmitirla a trámite por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito”.

El caso le tocó a la magistrada Carmen Lamela, que en un auto resume la denuncia de este particular. Según parece, acusaba a Pedro Sánchez de haber reconocido “parte del robo continuado de miles de millonesde euros de fondos europeos (robo que continúa actualmente) percibidos por siembras o plantaciones en terrenos que son Dominio Público Hidráulico del Estado en las respuestas dadas a las reiteradas peticiones” que el denunciante ha realizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En sus escritos registrados ante el Supremo, relató que el presidente del Gobierno habría cometido delito de malversación por miles de millones de euros “empleados en las concentraciones parcelarias realizadas o en curso y sin delimitar previamente el Dominio Público Hidráulico del Estado, como era preceptivo por ley para excluirlo de las concentraciones por su condición constitucional de bien público de la administración”.

También le acusó de “robo al Estado de los millones de kilómetros cuadrados de las superficies de Dominio Público Hidráulico del Estado comprendido en las zonas de las concentraciones parcelarias realizados o en curso, y que fue parcelado y escriturado a nombre de personas particulares físicas o jurídicas”, y por “estafa a cientos de miles de personas particulares físicas o jurídicas a los que terrenos de su legítima propiedad le han sido permutados y escriturados a su nombre (en las concentraciones parcelarias) por terrenos del Dominio Público Hidráulico del Estado que fueron parcelados y que nunca serán de su propiedad por su condición constitucional de bien público de la administración”.

La denuncia incluye una serie de consideraciones sobre la Ley de Aguas que, concluye el autor de la misma, supone que los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han cometido estafa por miles de millones de euros “a los agricultores, ganaderos, agentes de desarrollo rural y similares de todos los demás países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido hasta su salida de la UE, Polonia,Hungría, Holanda, Bélgica, etc.), que son exactamente los miles de millones de euros de los cupos europeos y restantes ayudas que España ha percibido y continúa percibiendo ilícitamente”.

Si esto ya es ciertamente llamativo, más aún es el relato de hechos, en la ampliación de la denuncia, “que se dice obtenido de personas desconocidas en que se otorga alias despectivos a presidentes de Gobierno de España y otros países europeos, instituciones comunitarias, y diversos comisarios europeos, ministros del gobierno español, parlamentarios, políticos de diversas formaciones, presidente del Tribunal Constitucional, diversos jueces, esposa del presidente, presidente de Estados Unidos, otros políticos norteamericanos...”.

Este hombre solicitó al Tribunal Supremo que imputara, ni más ni menos, que “a todos los ministros de los gobiernos del denunciado [Pedro Sánchez], del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, fiscales generales del Estado, fiscales del Tribunal Supremo, de Medio Ambiente y Urbanismo, de la Audiencia Nacional, jueces y fiscales de variado pelaje y condición actuales y anteriores, Defensor del Pueblo, Jefes del Estado Mayor de todos los ejércitos, Guardia Civil, policías nacionales, dirigentes políticos de Guardia Civil y Policía Nacional, presidentes del Congreso de Diputados, diputados del Congreso...”.

A juicio del denunciante, “todos ellos son el corazón de la corrupción sistémica y total del sistema, y que verosímilmente a cambio del cobro de sobornos han encubierto multitud de delitos llegando a haber sobornado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya la Fiscalía Europea”.

Por si todo ello no fuera suficiente, añadió que “entre los objetivos de la trama, a realizar con los correspondientes apoyos de dignatarios mundiales y de terroristas, entre ellos de ETA, se encuentran el asesinato de Putin, el secuestro y asesinato de Donald Trump, la destrucción del Partido Republicano Norteamericano, en íntima conexión con los hechos imputados en las anteriores denuncias y en la presente continuación sobre la defraudación de fondos europeos”.

La magistrada Carmen Lamela trató de dar una respuesta judicial correcta a esta denuncia. Recordó que “esta Sala ya ha tenido conocimiento de denuncias previas por los mismos hechos realizadas por el mismo denunciante”, y ya en 2022 inadmitió una denuncia similar.

En esta denuncia más reciente, “la mera lectura del relato fáctico, que aparece huérfano de todo atisbo probatorio, pone de manifiesto la necesidad asimismo del archivo de la denuncia ante la inverosimilitud del relato que en ella se realiza, el que lógicamente no puede sustentarse, ni se sustenta en indicio probatorio de ninguna clase”.

Así que inadmitió la denuncia contra Pedro Sánchez. En otras ocasiones han sido objeto de denuncias similares, aparentemente disparatadas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Dolores Delgado cuando era fiscal general del Estado.